Un embajador de México ocultó un millón en un banco de Andorra
El expresidente del Congreso Arroyo Vieyra cobró en el Principado de un despacho de abogados
El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó durante varios años 1,2 millones de dólares (1,1 millones de euros) en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA), según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El diplomático, que pertenece al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobró en el depósito del Principado de Andorra de un despacho de abogados de Ciudad de México. Arroyo Vieyra, que presidió entre 2012 y 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados, reconoce el pago, afirma que fue por un trabajo que, según dice, no puede revelar y añade que fue “un error” cobrar los fondos en Andorra.
La BPA fue una entidad intervenida en 2015 por las autoridades andorranas y sus principales directivos fueron procesados por corrupción después de que EE UU alertara de que carteles de la droga de México y Colombia y grandes compañías, como la constructora brasileña Odebrecht, utilizaban la institución financiera para blanquear capitales y pagar comisiones ilegales a políticos de Europa y América. Desde entonces, la BPA se ha convertido en el vértice final de diferentes escándalos. Andorra terminó con el secreto bancario el pasado año.
El ingreso a nombre de Arroyo Vieyraprocedió del despacho de abogados mexicano que preside Pedro Raymundo Salinas Arrambide, según la documentación interna de la BPA. El embajador y el abogado atribuyen el dinero a un trabajo jurídico que desarrollaron juntos. La cuenta se abrió entre 2011 y 2012 y permaneció operativa a nombre del político del PRI durante, al menos, tres años. Arroyo Vieyra asegura que, tras cerrar el depósito, regularizó su situación y declaró sus ingresos a la Hacienda mexicana.
Las actas internas y confidenciales del Departamento de Cumplimiento (Compliance) de la BPA detallan la operación bajo un epígrafe titulado Solicitud de apertura de Cuentas de PEPs, personas políticamente expuestas, que es el término utilizado por los bancos para referirse a clientes con cargos públicos. El documento explica que Pedro Raymundo Salinas Arrambide (México), socio administrador de Salinas Arrambide y Asociados, “tiene pendiente un cobro correspondiente a su actividad de unos 3.000.000 USD (2,5 millones de euros)". Este dinero, según él, "podría justificarlo y documentarlo sin ningún problema”.
Y añade: “Pretende cobrarlo mediante dos transferencias a dos cuentas que nos aperturaría, una a su nombre por un importe de 1.800.000 USD (1.5 millones de euros) y otra a nombre de Francisco Agustín Arroyo Vieyra por 1.200.000 USD. Según el Sr. Salinas, el sr Arroyo es un asociado del bufete, si bien no consta en el Acta constitutiva. El problema es que el Sr Salinas (se equivoca el redactor de nombre) es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, si bien nos manifiesta que al margen de su actividad política tiene otras actividades empresariales, 2 hoteles en Guanajuato y asociado al bufete mencionado”.
Pese a las reservas que el Departamento de Cumplimiento de la BPA tuvo a la operación por el perfil político de Arroyo, un veterano y conocido político del PRI, las dos cuentas se abrieron con las cantidades citadas. El embajador de México en Montevideo (Uruguay) lo explica así: “Fue un pago de honorarios de mi despacho. Fui legislador y abogado postulante privado durante 25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México y pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden. Es la manera de estar tranquilo. Fue hace años y podría estar prescrito, pero está cubierto”.
En una primera conversación telefónica con este periódico, el diplomático afirmó que era socio del despacho de Salinas, algo que este niega. En un segundo contacto, sin embargo, el embajador puntualizó que ambos han “trabajado como asociados y litigado juntos” en distintos casos. “Hubo un contrato de asociación profesional. El origen del dinero es lícito, mis impuestos están pagados y mi conciencia tranquila”. El embajador mexicano en Uruguay justifica: “No puedo revelar los nombres de los clientes ni de que se trata por secreto profesional”. Y añade: “Representamos a empresas con litigios fuertes y hemos llegado a buenos resultados”.
Con información de El País.
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